Reflexionando sobre la importancia del patrimonio cultural como herramienta gestión de los paisajes rurales en Chile es un interesante artículo redactado por el alumno Ronald Andrés Caicedo Garay, como parte del curso de posgrado “Análisis del Paisaje: Herramienta de Gestión, Ordenación y Planificación Territorial” de Fondo Verde y dirigido por el profesor Dr. Gonzalo de la Fuente de Val.
En Chile la definición oficial gubernamental de que es rural y urbano es bastante estricta. Se define como urbano a todo conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes cuando el 50% o más de la población económicamente activa esté dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente, se consideran urbanos los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas, aunque no alcancen el requisito de población. 1
A mi parecer, esta definición oficial subestima la influencia del sector rural en el territorio designando de manera abstracta, zonas de evidente carácter rural como zonas urbanas. Esto es posible corroborar al revisar el último censo poblacional validado en Chile, el cual indica que del total de la población chilena sólo el 13% vive en sectores rurales. 2
Sin embargo, bajo un análisis multidimensional como el utilizado en países europeos, se estima que 5.925.428 habitantes, es decir, un tercio de la población total de Chile, viven en algún tipo de territorio rural. 3
En Chile, las zonas rurales son muy diversas. Presentan una gran diversidad de actividades y configuraciones, además de una compleja red de articulaciones entre los distintos sectores económicos, así como diferentes grados de vinculación con los centros urbanos. Es posible determinar su tipología mediante sus características demográficas, a su ubicación geográfica aislada y/o a su grado de dependencia a las actividades productivas tanto tradicionales como al turismo ecológico y cultural.
En definitiva, la zona rural trata de todo asentamiento humano independiente de su tamaño y densidad poblacional, con fuertes relaciones con su entorno y con las actividades económicas primarias y el turismo responsable.
Todo contexto rural en Chile es portador de un patrimonio cultural relevante y de una biodiversidad de alta calidad paisajística que deben ser analizados y conservados, no sólo para garantizar su preservación material sino además para ser utilizados responsablemente para el desarrollo. Atrás quedó la imagen del “campo” como un lugar aislado, pobre y de baja calidad de vida, hoy gracias a los avances tecnológicos la mayor parte de sus habitantes puede optar a los mismos servicios de agua, electricidad y comunicaciones que una persona en la ciudad, propiciando la infraestructura básica para generar un desarrollo rural sostenible y competitivo.
Pese a lo positivo que resultan estos beneficios, la acelerada transformación sociocultural del contexto rural en Chile, que se manifiesta principalmente en la destrucción del ambiente, la migración de la población y en el abandono de sus sistemas de producción tradicional, pone en riesgo la estabilidad de su desarrollo cultural y calidad paisajística. Frente a esta problemática será fundamental, y con cierta urgencia, redefinir las políticas socioculturales y económicas para las zonas rurales, con el fin de mitigar la migración poblacional y generar un desarrollo sostenible de estas áreas sin atentar contra su autenticidad.
Las áreas rurales especialmente aquellas más dinámicas, se enfrentan con serias dificultades a los procesos de reestructuración económica impuestos por las pautas cambiantes de los mercados internacionales. Estos procesos, a veces muy rápidos, no siempre son bien asimilados por las estructuras económicas rurales. Si bien el turismo pareciera ser una buena solución al respecto, apostar la “conservación del paisaje” a programas de desarrollo rural en beneficio exclusivo del turismo puede ser arriesgado.
Así lo explica Maria Amerlinck4, al analizar los casos de los Pueblos Mágicos de México y de las Rutas Culturales en Andalucía. En su análisis concluye que el turismo puede ser un factor de riesgo que atenta contra la identidad de los pueblos, al considerar el patrimonio natural y cultural como una mercancía, distorsionar tradiciones y desincentivar las investigaciones.
Pese a lo anterior, Santiago Amaya de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, señala que las líneas contemporáneas sobre la gestión del paisaje y el patrimonio en general, se asientan fuertemente en la consideración de éste como un recurso productivo. Luego agrega: el paisaje, más allá de su carga simbólica, de su capacidad intrínseca de ser reflejo de una cultura concreta, adquiere ahora un valor añadido, el de su rentabilidad económica, propiciando nuevas y recientes intervenciones sobre el mismo, que promueven un discurso de recuperación y revitalización de los elementos culturales de determinadas zonas y su reutilización como nuevos espacios de recreación y ocio para una demanda cada vez más grande y especializada de la actividad turística5.
A mi parecer, el debate de considerar o no el paisaje como un elemento de rentabilidad económica, debe ser integrado dentro de una discusión mayor: de considerar el patrimonio cultural como un elemento de rentabilidad social. Esto implica que el factor económico debe ser considerado, pero presidido por el análisis de factores socioculturales capaces de entregar otras alternativas de rentabilidad, y así evitar la monopolización del turismo como la única herramienta viable para el desarrollo.
Por ello, es urgente implementar en el diseño de toda política pública vinculada con el desarrollo rural, el “Análisis de Paisaje” como herramienta para la gestión sostenible de sus recursos culturales y naturales. Éste para su viabilidad y eficacia, deberá ser comprendido de manera integral, es decir, que no sólo considere verificar los valores visuales del paisaje sino además identificar las potencialidades de sus valores socioculturales y ambientales para ser utilizados en la planificación del territorio.
Para cumplir con lo anterior, es recomendable investigar, promover y fortalecer el conocimiento tradicional asociado a la vida rural como la principal herramienta capaz de aportar en el diseño de metodologías de conservación, restauración y utilización de los recursos inscritos en los distintos contextos rurales chilenos. Una gestión inteligente del conocimiento tradicional lo convierte en un elemento clave para una mayor cohesión sociocultural, económica y ambiental del territorio, por tanto en un elemento de sostenibilidad.
Entonces, para ordenar el paisaje desde la perspectiva de lo sostenible, se requiere de una comprensión integral y global del concepto, y de reconocer en la sabiduría ancestral el fundamento para garantizar su conservación en el tiempo. Para ello, propongo tres niveles de intervención secuenciados y cíclicos:
Por otra parte, para el éxito de este tipo de intervenciones se deberá vincular a la gestión del paisaje, procesos de reforzamiento de la identidad cultural y difusión de su conocimiento tradicional. Para ello, es fundamental promover la participación de la comunidad a través de:
En conclusión, es importante establecer que Chile es más rural de lo que se supone, y que lo rural es mucho más diverso de lo que se dice. Como país tenemos que redescubrir los valores de su ruralidad, y mientras no lo hagamos, continuaremos con políticas públicas poco eficientes. Por ello, implementar metodologías de “Análisis de Paisaje” desde su visión más integral, serán fundamentales para generar conciencia de lo relevantes que son sus recursos culturales y naturales para el desarrollo sostenible del territorio. Dentro de ello, la reinterpretación del conocimiento tradicional como elemento de sostenibilidad, será clave para proponer y ejecutar mediante procesos de sensibilización, capacitación y difusión la correcta restauración, conservación y utilización de los recursos disponibles en el paisaje rural chileno.
Autor: Ronald Andrés Caicedo Garay (Chile)
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Web www.paisajerural.cl
Tutor: Dr. Gonzalo de la Fuente de Val, Fondo Verde Internacional
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Huancayo. Junín. Perú.
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